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Criterios relevantes

Criterios relevantes

del Poder Judicial de la Federación

1a./J. 142/2023 (11a.)

DEMANDAS DE AMPARO PRESENTADAS A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES. SATISFACEN EL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA SI CUENTAN CON EL CERTIFICADO DIGITAL RESPECTIVO.

Hechos: El representante de una persona moral presentó una demanda de amparo directo a través del sistema electrónico del Poder Judicial de Nuevo León. La demanda contenía la certificación exigida por el sistema electrónico de dicho Poder que identificaba al promovente, pero no tenía la FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación) o la FIEL (Firma Electrónica Certificada del Servicio de Administración Tributaria) porque dicho sistema no está habilitado para admitir el empleo de dichas firmas. El presidente del Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento desechó la demanda al considerar que la ausencia de la firma electrónica impide tener por satisfecho el principio de instancia de parte agraviada. Inconforme con esta decisión, el representante de la persona moral interpuso recurso de reclamación respecto del cual la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció su facultad de atracción.

Criterio jurídico: Las demandas de amparo directo presentadas a través de los sistemas electrónicos de los Poderes Judiciales locales satisfacen el principio de instancia de parte agraviada siempre que contengan un certificado digital generado por el sistema electrónico respectivo, aun cuando no estén signadas con la FIREL o la FIEL.
 
Justificación: El artículo 176 de la Ley de Amparo; el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas; y el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, establecen tres puntos principales: 1) las demandas de amparo directo pueden presentarse a través de los sistemas electrónicos de los Poderes Judiciales locales; 2) las demandas pueden contener el certificado digital que éstos emitan, por tanto, los Poderes Judiciales locales no están vinculados a emplear en ellos la FIREL o la FIEL; y, 3) las promociones electrónicas con estos certificados tienen los mismos efectos que las presentadas con firma autógrafa.

Conforme a la normativa citada, las demandas de amparo que se presenten a través de los sistemas electrónicos de los Poderes Judiciales locales y que contengan el certificado digital que éstos generen, satisfacen el principio de instancia de parte agraviada porque tienen el mismo efecto que las que contienen firma autógrafa.

1a./J. 139/2023 (11a.)

DERECHO AL DEPORTE DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SU PRÁCTICA DEBE GARANTIZARSE EN IGUALDAD DE CONDICIONES CON LAS DEMÁS PERSONAS, POR LO QUE LAS INSTITUCIONES DEPORTIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS AJUSTES RAZONABLES PARA SU INCLUSIÓN EN LAS CLASES ORDINARIAS.

Hechos: Los padres de un niño diagnosticado con trisomía 21 (síndrome de Down) solicitaron a una institución deportiva que su hijo fuera inscrito en las clases ordinarias de natación porque el niño así lo deseaba. Sin embargo, la institución negó dicha solicitud al considerar que el niño debía permanecer en el grupo de clases adaptadas, en donde tendría como opción la participación en las "olimpiadas especiales". Ante esta respuesta, sus progenitores promovieron un juicio de amparo indirecto. El Juez de Distrito negó el amparo al considerar que la institución no estaba negando el acceso a las actividades deportivas, por el contrario, al ofrecer las clases adaptadas, estaba atendiendo a los ajustes razonables para que el niño ejerciera su derecho al deporte. Ante esa negativa, la parte quejosa interpuso un recurso de revisión que fue atraído por este Alto Tribunal.

Criterio jurídico: Las personas con discapacidad pueden ejercer su derecho al deporte en igualdad de condiciones con las demás personas, con o sin discapacidad, según sea su elección. En ese sentido, es deber de las instituciones deportivas públicas o privadas la realización de los ajustes razonables para ese propósito y la implementación de las medidas de apoyo que se requieran, a fin de garantizar la inclusión efectiva de las personas con discapacidad en cualquier actividad deportiva.

Justificación: En México toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, por lo que el Estado debe garantizar su promoción, fomento y estímulo, particularmente tratándose de personas con discapacidad. Lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 30, párrafo 5, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

A partir de este marco normativo, cuando en un caso sean necesarias medidas diferenciadas para asegurar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, incluido el derecho al deporte, las instituciones deben aplicar ajustes razonables, los cuales, en términos de los artículos 2, párrafo penúltimo, de la Convención mencionada y 2, fracción II, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, consisten en aquellas modificaciones que sean necesarias y adecuadas, y que no impongan una carga desproporcionada o indebida, a fin de garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones que las demás personas.

Por lo tanto, en el ámbito deportivo no se debe obligar o limitar a las personas con discapacidad a participar en actividades adaptadas o diseñadas tomando como eje su discapacidad, ya que esto violaría el principio de inclusión, pues se estaría contribuyendo a segregarles y aislarles de la práctica ordinaria de un deporte de su elección en la que participan personas sin discapacidad, lo que es contrario al principio de igualdad y no discriminación.

Para que las instituciones cumplan con la obligación de realizar esos ajustes, resulta trascendental la capacitación, formación y profesionalización de las personas entrenadoras para fomentar un ambiente de inclusión.

Lo anterior es acorde con el modelo social de la discapacidad, conforme al cual, la problemática no recae en las condiciones particulares de la persona con discapacidad, sino en las barreras sociales y prejuicios subsistentes tanto en las personas entrenadoras como en las instituciones deportivas.

1a./J. 115/2023 (11a.)

RECURSO DE RECLAMACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO QUE ADMITE A TRÁMITE UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO.

Hechos: Los tribunales contendientes se pronunciaron sobre la procedencia del recurso de reclamación en contra del auto emitido por el presidente de un Tribunal Colegiado de Circuito en el que admite una demanda de amparo directo. Uno de los tribunales determinó que, con base en el artículo 104, párrafo primero, de la Ley de Amparo, el recurso de reclamación era procedente por tratarse de un acuerdo de trámite. El otro tribunal concluyó que el recurso de reclamación era improcedente, pues la admisión no constituye una resolución definitiva, por lo que no le genera una afectación a la parte recurrente y que será al momento del dictado de la sentencia en la que se verifique la procedencia del amparo respectivo.

Criterio jurídico: El recurso de reclamación previsto en el artículo 104 de la Ley de Amparo es procedente en contra del acuerdo de admisión de una demanda de amparo directo.

Justificación: El auto que admite una demanda de amparo directo constituye un acuerdo de trámite, pues con esa actuación inicia el procedimiento. La admisión de una demanda de amparo notoriamente improcedente puede retrasar la ejecución de una sentencia e implica el costo de llevar un procedimiento que pudo haberse concluido desde su inicio. Por tanto, aun cuando la determinación de admisión no sea definitiva, el trámite del juicio de amparo sí constituye una carga para la contraparte de la quejosa o tercera interesada que se encuentra legitimada para interponer el recurso de reclamación.