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Criterios relevantes

Criterios relevantes

del Poder Judicial de la Federación

Tesis: 2a./J. 7/2024 (11a.)

JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL DESECHAMIENTO PARCIAL DE UNA DEMANDA DE NULIDAD, AL NO GENERAR UNA AFECTACIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO.

Hechos: Un Tribunal Colegiado de Circuito y un Pleno de Circuito sostuvieron criterios contradictorios al analizar si la determinación que desecha parcialmente una demanda de nulidad afecta únicamente derechos adjetivos del promovente, o bien, actualiza una violación irreparable a sus derechos sustantivos. A partir de tal discrepancia, mientras que uno estimó procedente el juicio de amparo indirecto en su contra, el otro lo consideró improcedente.

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra el auto que desecha parcialmente una demanda de nulidad, pues tal determinación no genera una afectación de imposible reparación, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo.

Justificación: Los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo prevén la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales. Si bien es cierto que las pretensiones por las que se desechó la demanda no serán materia de la litis y, por ende, en la resolución que en su momento se emita no se realizará pronunciamiento alguno, también lo es que tal determinación podrá impugnarse en la vía de amparo directo, en términos de los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, como violación procesal, en la cual se analizará la admisibilidad de las pretensiones desechadas y se podrá ordenar la reposición del procedimiento a efecto de que se admitan las que así se consideren pertinentes. En ese tenor, la posible afectación en cuanto al principio de justicia completa previsto en el artículo 17 constitucional puede ser reparada a través del juicio de amparo directo, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales de la persona o a su esfera jurídica. Así, como el desechamiento parcial de la demanda de nulidad únicamente depara afectaciones adjetivas sin tener incidencia material en derechos sustantivos, no procede en su contra el amparo indirecto al no generar una afectación de imposible reparación.

Tesis: 1a./J. 29/2024 (11a.)

REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO POR VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEBE PRONUNCIARSE OFICIOSAMENTE SOBRE SU PROCEDENCIA EN FAVOR DE LAS VÍCTIMAS INDIRECTAS SIEMPRE QUE SU AFECTACIÓN PUEDA ADVERTIRSE DE LA SOLICITUD REALIZADA POR LA VÍCTIMA DIRECTA.

Hechos: Una niña sufrió un accidente en la escuela que le provocó la pérdida permanente de la visión en un ojo; esto, a pesar de los esfuerzos de su madre quien la llevó a varios hospitales para que fuera atendida, pero derivado de la falta de material quirúrgico y otros problemas administrativos exclusivamente atribuibles a las instituciones de salud, la niña no pudo ser operada con celeridad. Por lo anterior, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas emitió dos recomendaciones en las que estableció medidas de rehabilitación y compensación en favor de la niña. Ante el incumplimiento de las autoridades, la víctima directa, ya siendo adulta, solicitó por su propio derecho a la comisión local de atención a víctimas una reparación integral del daño. Dicha comisión emitió una resolución en la que fijó a su favor una cantidad por concepto de compensación económica, sin pronunciarse en torno a la necesidad de reparar a la madre como víctima indirecta de los hechos. En contra de esa resolución, madre e hija promovieron un juicio de amparo indirecto. El Juzgado de Distrito sobreseyó en el juicio respecto de la madre al considerar que carecía de interés jurídico, pero concedió el amparo a la víctima directa para el efecto de que se cuantificara nuevamente la compensación. Inconformes, madre e hija interpusieron un recurso de revisión.

Criterio jurídico: Las comisiones de atención a víctimas deben pronunciarse oficiosamente sobre el derecho a la reparación integral del daño de las víctimas indirectas, a pesar de que no exista una solicitud propia para tal efecto, siempre y cuando su afectación pueda advertirse de los hechos narrados en la solicitud presentada por la víctima directa o de las constancias que integran el expediente administrativo ante dicha autoridad. De lo contrario, se desconocería el sufrimiento y las dificultades que los familiares de las víctimas directas resienten a raíz del evento dañoso.

Justificación: Los procedimientos seguidos ante las comisiones de atención a víctimas para brindar una reparación integral del daño a las víctimas de violaciones a derechos humanos son de carácter administrativo; de ahí que sus resoluciones se rijan por los principios de congruencia y exhaustividad que obligan a que el órgano administrativo decida todas las cuestiones planteadas por las personas interesadas y de oficio, las que deriven del mismo.

En este sentido, las comisiones de atención a víctimas están obligadas a decidir de oficio todas las cuestiones derivadas de la solicitud realizada por la víctima directa; entre ellas, la necesidad de reconocer la calidad de víctima indirecta a quien tenga ese carácter, establecer si tienen derecho a una reparación integral del daño con esa calidad y, de ser el caso, cuantificar una compensación a su favor conforme a cada uno de los conceptos individuales que, sumados, integran esa medida.

Tesis: 1a./J. 27/2024 (11a.)

TRABAJO PENITENCIARIO. LOS ARTÍCULOS 91, FRACCIÓN II, Y 98 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, QUE PREVÉN EL MARCO NORMATIVO REGULATORIO DEL TRABAJO CON FINES DE REINSERCIÓN SOCIAL EN SU VERTIENTE NO REMUNERADA, COMO SON LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO CARCELARIO POR PARTE DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, NO VIOLAN LOS ARTÍCULOS 5o. Y 21 CONSTITUCIONALES.

Hechos: Una persona privada de su libertad en un centro penitenciario solicitó a su administración el pago de los trabajos que realizó en el propio centro. El titular del centro determinó que el pago era improcedente porque las actividades que había realizado eran consideradas con fines de reinserción social, las cuales no son remuneradas en términos de los artículos 91, fracción II, y 98 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. La persona que realizó los trabajos promovió juicio de amparo indirecto en el que cuestionó la compatibilidad de dichos artículos con los diversos 5o. y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los artículos 91, fracción II, y 98 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que prevén el marco normativo regulatorio del trabajo con fines de reinserción social en su vertiente no remunerada, como son las actividades comunes de mantenimiento del centro carcelario por parte de las personas privadas de la libertad, no violan los artículos 5o. y 21 de la Constitución Federal, en la medida de que dichas actividades constituyen trabajo penitenciario en su acepción de deber y no de pena o sanción.

Justificación: Las actividades no remuneradas son producto de una obligación justificada en función de la relación de sujeción de la persona interna con la administración del centro carcelario, de la cual se deduce el deber de colaborar con las tareas comunes de orden, higiene y conservación del lugar en que se encuentra interna. Por ende, su imposición no es el resultado de una sanción penal. Como parte del modelo de reinserción social, existe una corresponsabilidad en el mantenimiento de los estándares de calidad de vida entre el Estado y la persona privada de la libertad, por lo que es relevante el trabajo en red. Así, los agentes estatales tienen la responsabilidad de establecer programas de reinserción dentro de los centros carcelarios, entre ellos el trabajo no remunerado, con el propósito de mejorar las competencias personales de cada persona reclusa. Por lo que, las actividades no remuneradas están lejos de considerarse una esclavitud moderna o trabajo forzoso. Los trabajos penitenciarios como deber no pueden traducirse en que el Estado ejerce un derecho de propiedad sobre la persona interna, ni que sea una servidumbre por alguna deuda. Lo anterior es acorde con el Convenio sobre el Trabajo Forzoso de 1930 (CO29) de la Organización Internacional del Trabajo; las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, aprobadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas; los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, expedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a instancia de su Relatoría; así como la Opinión Consultiva OC-29/22 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.