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Criterios relevantes

Criterios relevantes

del Poder Judicial de la Federación

I

P./J. 1/2024 (11a.)

DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 201, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, CONTRA EL ACUERDO QUE DECLARA CUMPLIDA LA RESOLUCIÓN DE LA DENUNCIA DE INCUMPLIMIENTO.

Hechos: Las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discreparon sobre la procedencia del recurso de inconformidad en contra del acuerdo que declara cumplida la resolución de la denuncia de incumplimiento de una declaratoria general de inconstitucionalidad. Mientras que la Primera Sala sostuvo que sí procede, pues se actualiza un supuesto análogo al del artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, relativo a la procedencia del recurso de inconformidad contra la resolución que tenga por cumplida una ejecutoria de amparo, la Segunda Sala decidió que no, dado que los supuestos no son semejantes.

Criterio jurídico: El recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo es procedente en contra del acuerdo que declara cumplida la resolución de la denuncia de incumplimiento de una declaratoria general de inconstitucionalidad, pues permite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisar si, como lo decidió el Juzgado de Distrito, la autoridad respectiva cumplió con los lineamientos dictados en dicha declaratoria.

Justificación: La Ley de Amparo no regula la procedencia del recurso de inconformidad en el supuesto referido, pues tratándose de declaratorias generales de inconstitucionalidad, el artículo 201, fracción IV, de la Ley de Amparo, sólo lo contempla contra la resolución que declare infundada o improcedente esa denuncia. Ello se debe a que tener por cumplida la resolución de la denuncia de incumplimiento en una declaratoria general de inconstitucionalidad implica, en principio, que las normas invalidadas dejaron de aplicarse por la autoridad respectiva. De ahí que esa situación no tiene efectos similares a cuando se declare infundada la denuncia (lo que implica que las normas inconstitucionales no le fueron aplicadas), o a cuando la misma se declare improcedente (lo que deriva de la actualización de un obstáculo para realizar un análisis de fondo). Por regla general, basta con que la autoridad deje sin efectos la resolución en donde aplicó una norma invalidada para que se cumpla la resolución dictada en la denuncia de incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad, pues en estos procedimientos se impone a las autoridades una obligación de abstención, ya que dicha norma fue expulsada del orden jurídico. Sin embargo, pueden existir casos en donde podría ser insuficiente que la autoridad deje sin efectos el acto denunciado, debido a que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver una declaratoria general de inconstitucionalidad hubiera establecido, además de decretar la inconstitucionalidad de una norma, alguna obligación de hacer que implique seguir determinados lineamientos por las autoridades, con la finalidad de superar eficazmente el problema generado por las normas declaradas inconstitucionales; incluso, aun cuando el artículo 210 de la Ley de Amparo dispone que si la persona titular del Juzgado de Distrito determina que se aplicó la norma inconstitucional ordenará a la autoridad dejar sin efectos el acto denunciado, lo cierto es que no puede pasarse por alto que el diverso 234 de ese ordenamiento permite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecer cuáles serán los alcances y las condiciones de la resolución que recaiga en una declaratoria general de inconstitucionalidad, ni tampoco que, en el caso de las acciones de inconstitucionalidad, el Tribunal Pleno cuenta con facultades para establecer todos los efectos que considere necesarios para su plena eficacia, en términos de la fracción IV del artículo 41 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que regula este medio de control constitucional. De ahí que corresponde conocer del recurso de inconformidad respectivo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según lo establecido en el Acuerdo General Número 1/2023, del Pleno de este Alto Tribunal, salvo cuando éste ya haya definido el criterio para determinar el o los supuestos en los que se actualiza la aplicación de una norma general inconstitucional, conforme al punto quinto de ese acuerdo, en cuyo caso se actualiza la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito.

P./J. 4/2024 (11a.)

INCIDENTE POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO. PROCEDE PARA CONTROLAR QUE SE CUMPLA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios contradictorios al analizar si el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión es procedente para revisar o asegurar el acatamiento de la suspensión provisional. Mientras que los Tribunales Colegiados Segundo en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, Primero en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, Segundo en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, Primero en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Primero en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito y Noveno en Materia Administrativa del Primer Circuito, sostuvieron que es procedente para esos efectos, el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito determinó que únicamente permite controlar el cumplimiento de la suspensión de plano o definitiva.

Criterio jurídico: Aun cuando el artículo 206 de la Ley de Amparo sólo establece textualmente la procedencia del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano o definitiva, debe interpretarse que también es procedente para controlar el cumplimiento de la suspensión provisional. 

Justificación: De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 206, 157 y 97, fracción I, inciso g), de la Ley de Amparo, junto con el mandato constitucional de garantizar una justicia completa y efectiva, deriva que el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión procede para controlar el cumplimiento de la suspensión provisional a pesar de que el indicado artículo 206 sólo prevé textualmente su procedencia cuando se trate de la suspensión de plano o definitiva, por las razones siguientes: a) el mencionado artículo 157 prevé que la suspensión provisional se regirá por las reglas de la suspensión definitiva, lo que incluye los mecanismos para su control y cumplimiento, tal como el incidente aludido; b) de acuerdo con el postulado del legislador racional, si el Congreso de la Unión hubiera pretendido que el incidente fuera improcedente contra la suspensión provisional, lo habría determinado expresamente y, por el contrario, en el citado artículo 97, fracción I, inciso g), se reconoce implícitamente su procedencia tratándose de la suspensión provisional, pues permite que la resolución del incidente se combata a través del recurso de queja cuando se trate tanto de la suspensión provisional como de la definitiva; y c) el incidente tiene dos fines: uno inmediato de hacer que se cumpla la suspensión provisional, y otro mediato, consistente en sancionar e inhibir las conductas de desacato o indebido cumplimiento, con lo que no sólo se protege a las partes involucradas, sino también se garantizan los derechos de tutela judicial efectiva y de acceso a la justicia de todas las personas; incluso, mediante el incidente se podrá determinar si la autoridad responsable cumplió la suspensión provisional del acto reclamado, con la eventual responsabilidad penal que conlleva su desobediencia. Sostener lo contrario implicaría que el juicio de amparo corra el riesgo de ser ilusorio e ineficaz, lo que generaría un incentivo perverso para que las autoridades incumplan la suspensión provisional o retrasen impunemente su cumplimiento, lo cual es constitucionalmente inaceptable.

P./J. 5/2024 (11a.)

RECURSO DE QUEJA EN CONTRA DEL AUTO QUE RESUELVE EL INCIDENTE POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. NO QUEDA SIN MATERIA CUANDO SE EMITE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios contradictorios al analizar si la materia de impugnación de un recurso de queja interpuesto en contra del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional subsiste cuando durante su trámite se emite la resolución de la suspensión definitiva. Mientras que dos determinaron que ese hecho no deja sin materia el recurso de queja, el otro sostuvo que sí.

Criterio jurídico: El recurso de queja interpuesto en contra de la resolución de un incidente promovido por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional no queda sin materia si durante su trámite se emite la resolución que concede o niega la suspensión definitiva.

Justificación: El incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional tiene dos fines: uno inmediato, de hacer que se acate la suspensión provisional, y otro mediato, consistente en sancionar e inhibir las conductas de desacato o indebido cumplimiento, de manera que a través del incidente se determinará si la autoridad responsable cumplió en sus términos o no la suspensión provisional del acto reclamado, con la eventual responsabilidad penal que su desobediencia conlleva, pues en caso de que se demuestre que la autoridad no ha cumplido con la suspensión provisional o que lo ha hecho defectuosa o excesivamente, previo requerimiento para que rectifique sus errores, se le denunciará al Ministerio Público de la Federación por la posible comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Ahora bien, el hecho de que la suspensión provisional deje de tener efectos cautelares a partir de que se dicta la suspensión definitiva no hace que el recurso de queja interpuesto en contra de la resolución del incidente promovido por el exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional quede sin materia, pues en todo momento subsistirá el interés general de vigilar que las determinaciones de los órganos jurisdiccionales de amparo sean acatadas y cumplidas sin defectos ni excesos, pues aun cuando la resolución no prejuzga sobre la responsabilidad penal de la autoridad contumaz –lo que corresponderá a la jurisdicción penal– tal determinación sí constituye un presupuesto para que el Ministerio Público Federal esté en aptitud de realizar la investigación correspondiente. Por ese motivo, aunque haya cesado la posibilidad material de hacer cumplir la suspensión provisional –por haberse proveído sobre la definitiva–, es necesario analizar la legalidad de la resolución emitida en el incidente.

P./J. 2/2024 (11a.)

SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO. NO ES PROCEDENTE EL ANÁLISIS DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO PARA CONCEDERLA.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a criterios contradictorios en relación con si debe analizarse la apariencia del buen derecho para conceder la suspensión en amparo directo. Mientras que uno consideró que para concederla no se requiere determinar la apariencia del buen derecho de la parte quejosa y su ponderación con otros elementos, el otro concluyó lo contrario.

Criterio jurídico: Los Tribunales Colegiados de Circuito no deben analizar la apariencia del buen derecho para determinar si conceden la suspensión en amparo directo. 

Justificación: El artículo 190 de la Ley de Amparo establece cuáles son las reglas de la suspensión en amparo indirecto que la autoridad responsable debe tomar en cuenta para conceder la medida cautelar en amparo directo. Entre esas reglas no se encuentra el análisis de la apariencia del buen derecho. Por ello, no puede considerarse que la voluntad del legislador haya sido que se observara tal figura para conceder la suspensión en amparo directo. Inclusive, su uso para definir la procedencia de la suspensión en amparo directo sería contrario a la mecánica de la medida cautelar y ni siquiera tutelaría de mejor manera los derechos fundamentales de la persona quejosa que promueve el juicio de protección constitucional en contra de una resolución definitiva.

II

De la acción de inconstitucionalidad 187/2023 y su acumulada 188/2023, resueltas el  16 de noviembre de 2023:

XII. ELECCIÓN CONSECUTIVA DE INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS. LOS CONGRESOS LOCALES TIENEN LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN PARA ESTABLECER LA OPCIÓN DE QUE LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES, SINDICATURAS Y REGIDURÍAS, SE SEPAREN O NO DE SU CARGO, PUES EL CONSTITUYENTE NO DETERMINÓ OBLIGACIÓN ALGUNA PARA SEPARASE DEL CARGO DURANTE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES EN LAS QUE PRETENDAN OBTENER UNA ELECCIÓN CONSECUTIVA, POR LO QUE NO EXISTE IMPEDIMENTO A NIVEL CONSTITUCIONAL PARA CONTINUAR EN LA FUNCIÓN MIENTRAS DESARROLLAN PROSELITISMO POLÍTICO (ARTÍCULO 10, NUMERAL 4, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE DURANGO).

XIII. CULTO PÚBLICO, IGLESIAS Y AGRUPACIONES RELIGIOSAS. EL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA PARA LEGISLAR EN LA MATERIA, ESPECÍFICAMENTE PARA DETERMINAR LA ANTICIPACIÓN Y LA FORMA PARA QUE LAS PERSONAS QUE FUNGIERON COMO MINISTROS DE CULTO PUEDAN PARTICIPAR EN UNA ELECCIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 10, NUMERAL 5, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE DURANGO).

XIV. CULTO PÚBLICO, IGLESIAS Y AGRUPACIONES RELIGIOSAS. LA NORMA LOCAL QUE PREVÉ LA RENUNCIA FORMAL, MATERIAL Y DEFINITIVA DE LOS MINISTROS DE CULTO RELIGIOSO CUANDO MENOS CON CINCO AÑOS DE ANTELACIÓN AL DÍA EN QUE SE CELEBRE LA ELECCIÓN A LA QUE ASPIREN, INVADE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA LEGISLAR EN LA MATERIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 10, NUMERAL 5, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE DURANGO).