En menos de un año habrá elecciones federales para renovar la Cámara de Diputados. Esperamos que ya se haya superado la pandemia para entonces. Pero en momentos como los que vivimos no podemos dejar de pensar en qué ocurriría si lamentablemente seguimos como ahora, o en qué habría pasado si las elecciones hubieran sido este año.  El derecho a votar y el sistema democrático no pueden suspenderse ni en un estado de excepción. No obstante, ¿sería oportuno tener filas de votantes? ¿Sería conveniente que usaran materiales electorales posiblemente infectados? ¿La población en riesgo debe aventurar su salud por ejercer su derecho a votar?  En México estaban programadas elecciones en Coahuila y en Hidalgo, pero se pospusieron. Eso podría hacerse a nivel federal. Sin embargo, la postergación tiene un límite, que es el fin del periodo de quienes ocupan un cargo. En el caso del presidente, la Constitución es clara al señalar que, en caso de que no se hubiera celebrado la elección, el presidente cesaría en el cargo y el Congreso debería nombrar a un titular del Ejecutivo. Pero en el caso de los legisladores no se dice nada. Cesarían en su encargo y no habría nuevos. Es decir, desaparecería uno de los poderes. Habría una crisis constitucional.  El Congreso de la Unión tiene tareas fundamentales. No solo elabora leyes. Su labor es importantísima para el correcto funcionamiento de otros órganos. Sin el Legislativo no podría operar correctamente el Ejecutivo. No podrían hacerse algunos nombramientos, y no habría un presupuesto de egresos, por poner un par de ejemplos. Para evitar este vacío catastrófico podrían los actuales integrantes del Congreso prolongar su mandato reformando la Constitución. ¿Pero sería esta la mejor opción?  Hay que decir que en Corea del Sur sí celebró sus elecciones legislativas en abril pasado, pese a la pandemia. No hubo campaña en las calles; todo fue a través de los medios de comunicación tradicionales y por redes sociales. El día de los comicios los votantes asistieron a las urnas con cubrebocas, llevando su propio marcador, y respetaron la sana distancia entre las personas.  Durante mucho tiempo las reformas electorales han tenido por objeto remediar fallas que se advirtieron en los procesos anteriores. Como si se taparan los boquetes legales que se encontraron y que permitieron eludir la equidad electoral. Tal vez el Covid-19 lleve a tener otro tipo de reformas. Podría pensarse en la posibilidad de votar vía postal, como lo hacen los mexicanos en el extranjero. O en que la jornada electoral dure varios días dividiendo a los ciudadanos en horarios, para que no haya aglomeraciones en las casillas. Todas estas ideas deben ser bien estudiadas para garantizar la certeza y la imparcialidad.

La Constitución prevé un mecanismo para actuar en estas situaciones, en la que se encuentra en peligro la sociedad, y es la suspensión de derechos. ¿Por qué el gobierno no quiere hacer uso de este instrumento constitucional?

Continúo con el análisis de la propuesta de reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación. Ahora me centraré en los cambios que atañen al estatus de los juzgadores.

Continúo con el análisis de la propuesta de reforma al Poder Judicial de la Federación del ministro Zaldívar. En esta ocasión me referiré a la jurisprudencia y a las controversias constitucionales.

Cuando se modificó la Ley Federal del Trabajo para establecer los fines de semana largo no se cambiaron las leyes procesales. Eso implicaba que los órganos jurisdiccionales laboraran en esas fechas y, consecuentemente, que las partes de los procesos también lo hicieran. Eso ha provocado un desbarajuste procesal.