Si lo que se quiere consultar es que el gobierno otorgue un apoyo económico, es claro que eso supone un gasto del Estado, lo cual es improcedente. Pero creo que hay un asunto de fondo: ¿son razonables las materias que no son objeto de la consulta?

En estos tiempos de crisis económica, ¿vale la pena que el Estado realice un gasto de este tipo en vez de destinar esos recursos a la atención médica y a la reactivación económica? Me parece que no. Sé que me dirán que la justicia no tiene precio. De acuerdo. Pero puede hacerse justicia sin la consulta popular, es decir, sin gastar millones en un proceso de esta naturaleza. Se ejerce la acción penal, se sigue el juicio y ya está. 

En una entrevista radiofónica, se le cuestionó a una diputada por qué no sesionaban virtualmente. La legisladora respondió que no se podía pues la Constitución dispone que deben estar presentes físicamente. La Constitución no dispone expresamente eso, como explico.

El pasado 6 de marzo se publicó la última reforma a la Constitución. A la prohibición de exentar impuestos, que databa del texto original, se le añadió la prohibición de condonar impuestos. Me parece muy bien la medida para situaciones ordinarias, pues ha sido motivo de abusos. Sin embargo, pienso en una situación extraordinaria como la que posiblemente generará el Covit-19.

Termino el análisis de la propuesta de reforma judicial del ministro Zaldívar, ahora centrándome en el amparo.