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Tesis: 1a. CXX/2019 (10a.) 

TATUAJES. SU USO ESTÁ PROTEGIDO, POR REGLA GENERAL, POR EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. El derecho al libre desarrollo de la personalidad deriva del principio de autonomía personal, y consiste en la capacidad de elegir y materializar libremente planes de vida e ideales de excelencia humana, sin la intervención injustificada de terceros. Este derecho incluye, entre otras cosas, la elección de la apariencia personal, pues se trata de un aspecto de la individualidad que se desea proyectar ante los demás. La libertad de expresión es el derecho a expresar, buscar, recibir, transmitir y difundir libremente, ideas, informaciones y opiniones. Este derecho está vinculado estrechamente con la autonomía personal, pues se trata de un bien necesario para ejercerla, pero tiene también una especial conexión con la realización de diversos bienes colectivos, como la democracia o la generación y transmisión del conocimiento, de aquí que se le reconozca un peso especial en las democracias constitucionales. Una forma de expresar la individualidad es mediante el uso de tatuajes, pues el uso de éstos en lugares visibles constituye un acto deliberado de expresión de su significado, que puede consistir en ideas, opiniones, convicciones, informaciones, etc. En este sentido, el uso de tatuajes está protegido, por regla general, por los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de expresión, por lo que no debe ser motivo para discriminar a sus portadores.

Tesis: 1a./J. 70/2019 (10a.) 

SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior.

Tesis: 1a. CXXII/2019 (10a.) 

IDENTIDAD ÉTNICO-RELIGIOSA DE LAS PERSONAS. EL CRITERIO QUE DEBEN USAR LOS JUZGADORES PARA VALORARLA ANTE UN ESCENARIO DE DISCRIMINACIÓN DEBE SER EL DE LA AUTOADSCRIPCIÓN O AUTOIDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA. Conforme a la Recomendación VIII del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Organización de las Naciones Unidas, relativa a la interpretación y la aplicación de los párrafos 1 y 4 del artículo 1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la pertenencia a un grupo étnico-religioso en los términos de la Convención debe basarse en la definición de la persona interesada. En este sentido, a partir de la interpretación del derecho humano a la no discriminación por esos motivos, previsto tanto en la Convención como en la Constitución Federal, el criterio que deben usar los juzgadores para valorar la identidad étnico-religiosa de las personas debe ser el de la autoidentificación o autoadscripción, por lo que ante un escenario de discriminación por estos motivos, basta la identificación de la persona como perteneciente a un grupo étnico o religioso para que exista la presunción de que pertenece efectivamente a ese grupo; presunción que, en todo caso, debe ser desvirtuada con pruebas suficientes por la persona a quien perjudica.

Tesis: 1a. CXVIII/2019 (10a.) 

DISCURSOS DE ODIO. SON CONTRARIOS A LOS VALORES FUNDAMENTALES DEL SISTEMA JURÍDICO, COMO LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL. Los discursos de odio son un caso especial de discurso discriminatorio, que se caracterizan, entre otras cosas, por promover la discriminación y la violencia en contra de personas o grupos determinados, por razones como la religión o el origen étnico o nacional, y en casos extremos, abogan por el exterminio de esas personas o grupos, por no reconocerles igual dignidad humana. Ahora bien, el artículo 1o. constitucional y el 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen el derecho a la igualdad y prohíben la discriminación por razones como la religión o el origen étnico o nacional. Los artículos 13 de esa Convención y 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prohíben toda apología del odio nacional, racial o religioso, que incite a la violencia o a la discriminación. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación, prohíbe toda discriminación racial, toda difusión de ideas racistas, toda incitación a la discriminación y toda violencia motivada por esas razones. La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), prohíbe cualquier forma de discriminación como, entre otras, las conductas que inciten a la exclusión, persecución, odio, violencia, rechazo o difamación de personas o grupos. En este sentido, las normas constitucionales, convencionales y legales citadas, permiten fundamentar la premisa de que el discurso discriminatorio, y especialmente el discurso de odio, es contrario a valores fundamentales en que se asientan los derechos humamos y la democracia constitucional, como lo son la igualdad, la dignidad e incluso la posibilidad de que los destinatarios de esos discursos ejerzan, en condiciones de igual consideración y respeto, su libertad de expresión.

Tesis: 1a. CXXIII/2019 (10a.) 

DISCURSOS DE ODIO. LOS EXPRESADOS EN ÁMBITOS PRIVADOS DE ÍNDOLE LABORAL, ANTE PERSONAS CONCRETAS DESTINATARIAS DE LOS MISMOS, CARECEN DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL, POR LO QUE LAS VÍCTIMAS NO TIENEN EL DEBER JURÍDICO DE TOLERARLOS. La libertad de expresión es el derecho a expresar, buscar, recibir, transmitir y difundir libremente, ideas, informaciones y opiniones. Este derecho está vinculado estrechamente con la autonomía personal, pues se trata de un bien necesario para ejercerla, pero tiene también una especial conexión con la realización de diversos bienes colectivos, como la democracia o la generación y transmisión del conocimiento, de aquí que se le reconozca un peso especial en las democracias constitucionales. En este sentido, cuando un discurso de odio se expresa en un ámbito privado como una empresa mercantil, debe tenerse en consideración que por lo general están ausentes las razones de orden público que confieren a la libertad de expresión una especial protección en el foro público, vinculadas con la posibilidad de propiciar una deliberación pública relacionada con el funcionamiento de la democracia u otros bienes colectivos como la generación de conocimiento, y en este sentido debe reconocerse a la libertad de expresión un peso ordinario vis a vis los derechos a la dignidad, la igualdad y la libertad de las víctimas (entendidas como los destinatarios del mensaje), por lo que, en estas circunstancias, la expresión de un discurso de odio frente a las víctimas puede considerarse un acto de discriminación y/o violencia proscrito constitucionalmente, de manera que las víctimas no tienen la obligación jurídica de tolerarlo y válidamente pueden poner fin a la convivencia con el agresor, si ello es necesario para preservar su propia dignidad, sentido de la igualdad y, en último término, su propia libertad de expresarse en condiciones de igual consideración y respeto, sin temor a ser agredidos.

Tesis: 1a. CXV/2019 (10a.) 

CONSUMIDOR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO. LAS MEDIDAS QUE EQUILIBRAN LAS RELACIONES COMERCIALES EN EL SECTOR NO REQUIEREN UN ANÁLISIS ESTRICTO. La protección del consumidor del servicio de transporte aéreo es una finalidad constitucionalmente válida a la luz del mandato previsto en los artículos 25 y 28 constitucionales, conforme a los cuales el legislador tiene, no sólo la facultad, sino la obligación de velar por los intereses de los consumidores y la eficiencia de los mercados. Consecuentemente, el análisis de razonabilidad de las medidas adoptadas por el legislador federal a cargo de las aerolíneas para equilibrar las relaciones comerciales en el sector previstas tanto en la Ley de Aviación Civil como en la Ley Federal de Protección al Consumidor, requiere únicamente de una motivación ordinaria, esto es, su estudio debe ser poco estricto atendiendo a la libertad configurativa del legislador para reconocer las medidas necesarias para equilibrar las relaciones comerciales en el sector.

Tesis: 1a. CXIII/2019 (10a.) 

CONSUMIDOR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO. OBLIGACIÓN DE LAS AEROLÍNEAS DE TRANSPORTAR DOS MALETAS DE MANO. El transporte del equipaje de mano se constituye como un elemento inherente al servicio de transporte aéreo, pues se parte de la consideración de que el pasajero requiere de ciertas pertenencias mínimas en su lugar de destino; si bien es posible que un pasajero no requiera de equipaje documentado, lo cierto es que esta Sala advierte que la posibilidad de transportar, como mínimo, hasta dos piezas de equipaje de mano, se constituye como una medida que asegura que el medio de transporte en cuestión no pierda su razón de ser. Consecuentemente, las aerolíneas deberán diseñar estrategias para posibilitar que los pasajeros puedan llevar un mínimo de equipaje de mano en términos de los párrafos tercero y cuarto de la fracción IX del artículo 47 Bis de la Ley de Aviación Civil, independientemente del tipo de aeronave que utilicen. De ahí que es injustificada la negativa de la aerolínea de transportar el equipaje de mano de los pasajeros al momento de abordar el vuelo, esto, en términos de la ley y de lo especificado en los términos y condiciones del contrato. No obstante, en atención a la obligación de la aerolínea de prestar el servicio de transporte aéreo conforme a la máxima seguridad posible, si la concesionaria advierte que el equipaje de mano es incompatible con la seguridad operacional del vuelo, deberá negarse a transportarlo y, posteriormente podrá demostrar en juicio en qué radicó dicha incompatibilidad para justificar su negativa.

Tesis: 2a./J. 157/2019 (10a.) 

ARRESTOS MILITARES. LOS QUE SE IMPONEN CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE DISCIPLINA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS REPRESENTAN ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL Y NO MEROS ACTOS DE MOLESTIA. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 40/96, de rubro: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN.", dispone que para distinguir entre los actos privativos y los de molestia "debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional". En esta tesitura, del análisis gramatical, teleológico, sistemático-funcional y jurisprudencial de los artículos 24 Ter, 24 Quáter, 25, 33 y 37 de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como 47 del Reglamento General de Deberes Militares, se advierte que los arrestos militares impuestos a los miembros de estas dos corporaciones tienen como finalidad sancionar la comisión de faltas contra la disciplina militar previstas en los ordenamientos castrenses con una restricción temporal a la libertad deambulatoria. Por consiguiente, con independencia de que con dichos correctivos disciplinarios se persigan propósitos de carácter formativo para el elemento involucrado o de intimidación ejemplar para los demás efectivos de las fuerzas armadas, los arrestos impuestos a los miembros del Ejército y la Fuerza Aérea representan verdaderos actos privativos de la libertad personal y no meros actos de molestia.

Tesis: 2a./J. 158/2019 (10a.) 

ARRESTOS MILITARES. LA REGULACIÓN DE LOS QUE SE IMPONEN CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE DISCIPLINA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS POR UN SUPERIOR JERÁRQUICO O DE CARGO, NO VIOLA EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA. Del hecho de que los arrestos impuestos a los miembros del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos por la comisión de faltas contra la disciplina militar sean actos privativos, no se sigue necesariamente que en su imposición deban observarse de manera idéntica todas las formalidades esenciales del procedimiento reconocidas para la generalidad de las personas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellas, la audiencia previa, pues si bien es incuestionable que en México, por virtud de ese precepto constitucional, todas las personas tienen reconocido el derecho de audiencia frente a un acto privativo, tanto el Pleno como la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han aceptado la existencia de actos privativos donde se encuentra limitado y, por consiguiente, opera con posterioridad a la privación material del derecho o del bien. En esta tesitura, determinar si los arrestos militares impuestos por un superior jerárquico o de cargo conforme a la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos violan el artículo 14 constitucional por no garantizar el derecho fundamental de audiencia previamente a la imposición del correctivo disciplinario depende de que tal restricción sea proporcional a los fines que persigue. Así, un escrutinio ordinario de proporcionalidad sobre las diversas disposiciones castrenses que regulan la imposición de dichos arrestos arroja que la restricción al derecho de audiencia que conlleva este tipo de correctivos disciplinarios encuentra plena justificación constitucional en el principio de disciplina militar contenido en el artículo 13 de la Constitución Federal, ya que: (i) persigue un fin constitucionalmente legítimo; (ii) es apta para conseguirlo; (iii) es necesaria para su realización; y (iv) es proporcional específicamente en relación con el beneficio obtenido. Por ende, si constitucionalmente en relación con tales arrestos militares no debe otorgarse audiencia previamente a su imposición, sino que es suficiente garantizar dicho derecho fundamental con posterioridad a ella, se concluye que su regulación legal, por sí misma, no viola en perjuicio de los elementos del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos el derecho de audiencia previa reconocido por el artículo 14 de la Constitución Federal.