La idea de que las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México sean gobernadas por un órgano colegiado, las alcaldías integradas por un alcalde y concejales, y no por una sola persona, como actualmente sucede, me parecía una idea excelente. Se iba a reducir el autoritarismo que actualmente impera. Además, habría una representación de todas las fuerzas políticas. Es más, la mayoría podía tener una representación. Digo una mayoría porque actualmente solo está representado un 30% de la población, pues triunfa quien obtiene una mayoría relativa. El otro 70% queda sin representación. Y es mayoría.
Sin embargo, en la Constitución capitalina se determinó (art. 53.A.4) que el 60% de los miembros se elige por mayoría. Y el 40% por representación proporcional. Es decir, el partido que gane con un 30% tiene derecho al 60% de los integrantes de un concejo. De esta forma, el alcalde siempre tendrá mayoría. No se limita su poder.
Por otra parte, como decía, me parecía excelente que las decisiones se tomaran de forma colegiada, para evitar la arbitrariedad que actualmente impera con decisiones unipersonales.
No obstante, en la Constitución (art. 53.C.3) sólo se le concedió al órgano colegiado facultad para aprobar los bandos, el proyecto de presupuestos de egresos, el programa de gobierno de la alcaldía y el reglamento interno del concejo. En las decisiones en donde más corrupción existe, como son los cambios de uso de suelo y la concesión de servicios públicos, el órgano colegiado solo opina. Y su opinión puede ser desatendida por el alcalde.
Otro aspecto en el que prima la corrupción es en el otorgamiento de licencias y permisos. Aquí el órgano colegiado solo tiene facultad para solicitar su revisión. Nuevamente, el alcalde puede decidir no atender su solicitud.
En suma, lo que parecía una buena idea, está mal desarrollada. No se eliminarán los problemas de autoritarismo y corrupción. Al tiempo.