Quiero comentar dos temas que han surgido a raíz de la consulta ciudadana.
Primer tema. En el Senado se presentó una iniciativa de reforma constitucional para establecer como una materia vedada de las consultas ciudadanas las obras de infraestructura.
No estoy de acuerdo con esa iniciativa. Yo creo que hay que quitar restricciones a las consultas. ¿Por qué no podría consultarse una obra pública? Finalmente afectará o beneficiará a la población.
Lo que no puede someterse a consulta son aspectos técnicos. Ni de infraestructura ni de ningún tema. Las mayorías se pueden equivocar. No puede decidirse en consulta ciudadana cuántos metros de cimentación requieren las obras, cómo practicar cirugías, etc. Pero si se presentan dos opciones de obra técnicamente viables, sí podrían consultarse, a mi modo de ver. Por ejemplo, si es factible desde el punto de vista técnico y financiero hacer una estación del metro en un lugar o en otro, la población puede decidir qué prefiere.
El tema con el nuevo aeropuerto es que no se ha demostrado si es técnicamente viable la opción de Santa Lucía. Si se toma esta decisión, ¿qué ocurrirá si no es posible? ¿Habrá que quedar vinculados a una opción que puede conllevar peligros? Por ello no puede seo opción de una consulta mientras no se demuestre que es factible.
Segundo tema. Se ha repetido mucho que la consulta es violatoria del art. 35 constitucional. Hay que señalar que la consulta la está realizando un particular. El presidente electo no es autoridad. Y cualquier particular puede consultar lo que quiera de la forma que le perezca. Ejercicios así los vemos a diario en los portales de periódicos y en las redes sociales.
Es cierto que no es cualquier particular, que no es una persona que hace una encuesta en Twitter sobre si debe cortarse la barba o dejársela crecer más. Es alguien que asumirá dentro de poco la titularidad del Ejecutivo Federal. Y está preguntando sobre una decisión que habrá de tomar ya en el cargo. Además, ha dicho que estará vinculado a la decisión de la encuesta.
El utilizar métodos de indagación de la opinión popular sobre distintos temas, diversos a la consulta ciudadana, no me parece inconstitucional. De hecho, los políticos de todo el mundo recurren a las encuestas para tener elementos que los ayuden a tomar decisiones. La presidencia cuenta con una oficina que se encarga de hacer sondeos de opinión. Ya corresponderá al responsable valorar los resultados de la encuesta, y considerar si toma en cuenta la opinión mayoritaria, sobre todo, de cara a las urnas, o si no lo hace.
El problema es que la consulta que se está realizando es metodológicamente muy deficiente. Está sesgada. No va a reflejar las preferencias de la ciudadanía, sino del grupo que la está realizando. Por ello no es un instrumento que ayude a la toma de decisiones, sino un mecanismo para justificar una decisión tomada de antemano.
Por otra parte, cuando el presidente electo señala que quedará vinculado a los resultados, parece desconocer que la decisión sobre el nuevo aeropuerto no recae solamente en el titular del Ejecutivo, sino que la Cámara de Diputados tiene participación mediante la aprobación del presupuesto de egresos. Ciertamente tiene mayoría en ese órgano, pero está desconociendo la división de poderes.